Desde hace más de una década, la agroindustria se encuentra estancada y es imperiosa una estrategia de inserción en el mundo como eje de desarrollo, donde la demanda de alimentos, de fibras, de pesca y de bioenergías sigue creciendo.

En un comunicado difundido esta semana, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) propone un plan integral para impulsar a la agroindustria y, con ello, aportar al desarrollo de nuestro país, con foco de atención prioritario en la estrategia exportadora.

Indica el comunicado que el agronegocio argentino basa su capacidad de crecimiento y competitividad, a partir de su capacidad de inserción en los mercados internacionales. En la actualidad, el complejo agroexportador aporta un ingreso de divisas que se ubica en torno de los U$S 56.000 millones al año. La proyección del Plan es que, en la próxima década, esa cifra puede ascender hasta los U$S 100.000 millones. Pero para alcanzar esa meta hay que generar previsibilidad en las reglas de juego.

Destaca que no se no se precisan subsidios, solo reglas previsibles.

El plan que tiene el CAA se articula a partir de una serie de ideas fuerza. La primera de ellas es un anteproyecto de Ley de Desarrollo Federal Agroexportador, el cual contempla una serie de aspectos como prohibir -por ley- las restricciones cuantitativas a las exportaciones impuestas por el Gobierno nacional, y evitar a futuro que cualquier Gobierno intente impulsar cuotas o similares. “Nos referimos a los cupos que existen para exportar trigo, maíz y carne, que solo causan distorsiones a lo largo de toda la cadena de valor y, además, no cumplieron con su objetivo de frenar subas en las góndolas dado que la inflación tiene otras causas”, señalan los directivos del CAA.

El proyecto también contempla una serie de cuestiones impositivas y ambientales. En el primer apartado, fomentan la creación de una Cuenta Única Tributaria de comercio exterior, para agilizar temáticas como la devolución del IVA de exportación, que lleva más de un año de retraso y se pueden compensar para el pago de otros impuestos.

“Entre resoluciones y decretos, identificaron más de 60 normativas y estamos trabajando para que no sean un escollo”, dicen.

La sustentabilidad es una prioridad. Con este fin elaboraron un Programa de Certificación Exportadora de atributos ambientales y sociales. El objetivo central será alcanzar la carbono-neutralidad hacia 2050 y la adopción masiva de buenas prácticas ambientales.

Otro aspecto que tomaron en cuenta en el comunicado es referido al problema estructural en toda la cadena de valor agroindustrial por las enormes dificultades que existen en estos días para la importación de insumos estratégicos. “Es una problemática grave, que afecta la consolidación de una estrategia exportadora; y dichas restricciones deben desaparecer”, destacan.

Respecto de los derechos de exportación, el CAA considera que son impuestos ultra distorsivos y por ello están trabajando para su eliminación en todos los productos del complejo agroexportador con un cronograma que hace crecer la producción, las exportaciones y tiene mejores ingresos fiscales con impuestos menos dañinos.

Por ello creen que el Poder Ejecutivo Nacional no debe contar con la posibilidad de modificarlos, esa atribución corresponde al ámbito del Congreso nacional, a partir de la modificación en el Código Aduanero. El impacto fiscal de estas políticas será positivo y permitirá que el Estado asegure una recaudación adicional de U$S 32.517 millones.

En definitiva, la agroindustria tiene una vocación y capacidad exportadora, por lo que afirman que se necesita una ley que le permita crecer.